Filiberto Cruz MonroyLa reducción en el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos ha sido significativa, pero ¿será suficiente sólo con operativos de seguridad para que las personas dejen de consumir esta droga letal? La disminución del contrabando no garantiza la rehabilitación ni la prevención del consumo; hace falta un enfoque integral que combine prevención, tratamiento y políticas públicas orientadas a la salud y los derechos humanos.
En cuanto a datos duros en territorio estadounidense, el ingreso de fentanilo se redujo un 64.3 % tras la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia mexicana, lo cual equivale a casi 500 millones de dosis que dejaron de cruzar la frontera. Entre octubre de 2024 y febrero de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reportó el decomiso de 564 libras de fentanilo en sus cruces fronterizos, frente a las 1,586 libras incautadas de mayo a septiembre de 2024: casi el triple antes del nuevo gobierno. Estas acciones lograron evitar la llegada a las calles de 448.9 millones de dosis mortales, según estimaciones oficiales de la Casa Blanca.
Del lado mexicano, la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por el secretario Omar García Harfuch y la presidencia de Claudia Sheinbaum ha intensificado los operativos tanto en laboratorios clandestinos como en puntos de importación. Sólo entre el 1 de octubre de 2024 y el 25 de marzo de 2025, México decomisó 1,347 kilogramos de fentanilo —75 % de lo asegurado en todo 2023—, con picos históricos como los 1,100 kg incautados el 5 de diciembre de 2024 en zona de influencia del Cártel de Sinaloa, equivalentes a más de 20 millones de dosis y un valor de casi 400 millones de dólares en el mercado ilícito. En aduanas, caminos y puertos, las autoridades desmantelaron rutas clave, reforzando la cooperación binacional para evitar aranceles recíprocos y resguardar la soberanía.
Sin embargo, la clave para disminuir el consumo de fentanilo está en desactivar la demanda, no sólo en cerrar el grifo del suministro. Aunque el contrabando caiga, las personas con adicción continuarán buscando la sustancia si no reciben apoyo médico y social. La mera operación policial no aborda las causas profundas: pobreza, falta de oportunidades, problemas de salud mental y desinformación sobre los riesgos de las drogas sintéticas.
Para avanzar, el gobierno de Estados Unidos debe invertir masivamente en prevención basada en evidencia: campañas educativas que lleguen a jóvenes y comunidades vulnerables, formadas por expertos en salud pública y derechos humanos, no por policías. Asimismo, es indispensable ampliar el acceso a tratamientos de desintoxicación y rehabilitación gratuitos o con costos subsidiados, con protocolos certificados y acompañamiento psicológico. Programas como la distribución de naloxona y salas de consumo supervisado pueden salvar vidas, reducir sobredosis y acercar a las personas a servicios de salud.
Además, se requieren políticas de reducción de daños que incluyan capacitación de personal médico, policial y comunitario para identificar y atender emergencias por sobredosis. El gobierno federal debe coordinarse con estados y municipios, garantizando recursos financieros y técnicos. La investigación científica sobre nuevas terapias, la recopilación de datos precisos y la evaluación constante de los programas fortalecerán la respuesta nacional. Sin olvidar la importancia de reintegrar socialmente a exconsumidores mediante capacitación laboral y apoyo psicosocial.
En síntesis, las incautaciones y operativos son un componente esencial, pero insuficiente. Sin un sistema de salud sólido que ofrezca prevención, tratamiento y reducción de daños, las cifras de decomisos corren el riesgo de convertirse en simples titulares. Solo con un enfoque integral, que ponga a las personas y sus derechos en el centro, se podrá frenar verdaderamente el consumo de fentanilo y construir comunidades más seguras y saludables.