Filiberto Cruz MonroyLa noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 marcó un trágico hito en la historia de México, cuando se perpetró la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala. Este suceso, que se conmemora hoy, resuena como un doloroso recordatorio de la violencia y la impunidad que han afectado al país durante años.
Los estudiantes, que tenían entre 17 y 25 años, se trasladaron a Iguala con el propósito de requisar autobuses para participar en la conmemoración de la matanza de Tlatelolco en 1968. Este tipo de acciones ha sido una práctica habitual entre los estudiantes de Ayotzinapa, tolerada por las autoridades y las empresas de transporte. Sin embargo, el 26 de septiembre de 2014, el enfoque de las autoridades cambió drásticamente.
La noche fatídica comenzó con la intervención de la policía municipal de Iguala, que disparó contra los estudiantes en un intento de impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. Este operativo no solo fue llevado a cabo por la policía local, sino que también contó con el apoyo de otras corporaciones. Fue en este contexto de represión que 43 estudiantes fueron secuestrados, y hasta la fecha, su paradero sigue siendo un misterio.
La violencia se extendió más allá de la detención de los estudiantes; se reportaron seis ejecuciones, entre ellas la de tres normalistas. Uno de los cuerpos apareció posteriormente en un paraje desolado, mostrando evidencias de tortura. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro documentó que más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos aquella noche, mientras que cerca de 700 más sufrieron indirectamente a través del impacto en sus familias.
A medida que se acerca el décimo aniversario de esta tragedia, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se ha avanzado en el esclarecimiento del caso, aunque no al nivel esperado. En una carta dirigida a los padres de los estudiantes desaparecidos, el mandatario se refirió a las dificultades en la investigación, señalando a la periodista Anabel Hernández y al presunto narcotraficante Gildardo López Astudillo como factores que habrían obstaculizado el proceso.
Durante la conferencia de prensa, López Obrador leyó la carta, fechada el 26 de septiembre de 2024, en la que enfatizó que, aunque López Astudillo colaboró inicialmente, ha perdido interés en continuar ayudando. También criticó las afirmaciones de Hernández sobre la implicación del Ejército en el caso, considerándolas infundadas.
El caso Ayotzinapa ha trascendido gobiernos, desde el de Enrique Peña Nieto hasta el actual de López Obrador, sin que se haya logrado un avance significativo en el paradero de los jóvenes desaparecidos. Esta situación se convierte en un legado incómodo para Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia en pocos días y se enfrentará al desafío de atender este caso emblemático.
En el transcurso de la última década, han surgido varias investigaciones oficiales, realizadas por dos administraciones federales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI). Estos organismos han emitido seis informes que documentan las violaciones a derechos humanos y la falta de justicia en el caso.