Durante los primeros nueve meses de 2023, al menos seis de estos estados experimentaron un aumento significativo en los homicidios dolosos, con Baja California Sur destacándose por un alarmante incremento del 160% en los asesinatos. Yucatán, Aguascalientes, Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala también reportaron incrementos de hasta el 53% en los homicidios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Este repunte en la violencia se hace más evidente cuando se observa que, hasta septiembre de 2024, algunas de las entidades que antes eran consideradas relativamente seguras han visto cómo la violencia se ha expandido de manera alarmante, afectando tanto a la población civil como a las autoridades locales.
Varios incidentes de alto impacto han marcado este año en los estados mencionados. En Baja California Sur, por ejemplo, la desaparición y posterior asesinato de dos policías, José Gabriel Morales Meza y Yair Radilla Flores, en el municipio de Comondú, estuvo relacionada con una confrontación entre fuerzas del orden y grupos delictivos. Este trágico suceso refleja el crecimiento de la violencia en áreas previamente tranquilas.
En Yucatán, un asesinato en plena vía pública en el norte de Mérida también subrayó la creciente inseguridad. El empresario José Ángel Dávila Beltrán, fue abatido a balazos en las cercanías de un bar, lo que demuestra que incluso las zonas turísticas de la región no están exentas de la violencia del crimen organizado.
Aguascalientes, tradicionalmente conocida por su baja incidencia delictiva, ha sido testigo de un aumento de homicidios relacionado con enfrentamientos y detenciones de integrantes del crimen organizado, como lo explicó el secretario de gobierno Florentino Reyes Berlié.
En Nayarit, un ataque armado en la zona de San Cayetano dejó cuatro muertos y tres heridos en agosto de 2023, mientras que Sinaloa continúa siendo un foco de violencia, particularmente tras la detención de Ismael «El Mayo» Zambada, lo que ha desatado una ola de enfrentamientos y represalias entre facciones del Cártel de Sinaloa.
Ante el aumento de la violencia, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, han planteado una estrategia de seguridad basada en cuatro ejes fundamentales. Estos incluyen la atención a las causas de la violencia, el refuerzo de la inteligencia policial, y el uso de tecnología avanzada en la investigación de delitos.
El 13 de noviembre de 2023, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que modifica el artículo 21 de la Carta Magna para otorgar mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Esta reforma permitirá que la SSPC participe más activamente en la investigación de delitos, en colaboración con la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, con el fin de fortalecer el sistema de justicia y la seguridad pública en todo el país.
