Filiberto Cruz MonroyA pocos días de concluir su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador está a un paso de concretar su visión para la Guardia Nacional, que implica su adscripción al Ejército, la capacidad de investigar delitos y el otorgamiento de fuero militar. Esta iniciativa fue discutida y aprobada recientemente en la Cámara de Diputados, y se espera que sea revisada en el Senado la próxima semana. Esta reforma marca un cambio significativo en el enfoque de seguridad del gobierno.
La propuesta inicial para la Guardia Nacional fue presentada por Morena en 2019, pero enfrentó una fuerte oposición por parte de organizaciones sociales, expertos y otros partidos políticos, lo que llevó a modificaciones que convirtieron a la institución en un cuerpo civil. La primera versión contemplaba el fuero militar y una estructura mixta con el Ejército, pero ante las críticas, se hicieron ajustes para garantizar su carácter civil.
En enero de 2019, los diputados de Morena aprobaron la creación de la Guardia Nacional con un artículo transitorio que permitía al Ejército asumir el control durante sus primeros cinco años. Sin embargo, este apartado fue eliminado tras las críticas, lo que dejó insatisfecho al presidente López Obrador, quien expresó su descontento y comparó el cambio con una «reedición de la Policía Federal».
A pesar de las inquietudes del presidente, los senadores de Morena realizaron aún más modificaciones a la reforma, eliminando el fuero militar y la capacidad de investigación de la Guardia Nacional, asegurando su dependencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Este enfoque se mantuvo durante el sexenio, aunque el presidente continuó intentando transferir más autoridad al Ejército.
A seis años de esos cambios, Morena ha decidido regresar a su propuesta original, que otorga el control total de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta propuesta incluye el fuero militar, un aspecto que había sido eliminado anteriormente a petición de la oposición y de expertos en derechos humanos.
La capacidad de investigación también se ha reincorporado en la nueva propuesta, un elemento que fue rechazado en 2019. Esta capacidad permitiría a la Guardia Nacional investigar delitos, algo que los legisladores consideraron problemático en su momento. Sin embargo, ahora se argumenta que es esencial para fortalecer la operatividad de la institución.
Tras la aprobación de la reforma, el presidente celebró la decisión de la Cámara de Diputados, afirmando que esto aseguraría la permanencia de la Guardia Nacional y garantizaría que actuara con rectitud. Este respaldo del presidente subraya su compromiso con el modelo propuesto, en un contexto de creciente inseguridad en el país.
Las críticas a esta militarización han sido constantes, tanto por parte de la oposición como de organizaciones de la sociedad civil. Ante estas preocupaciones, el presidente defendió la reforma recordando las declaraciones recientes de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, quien aclaró que la militarización no implica un mando militar absoluto, sino que se enmarca dentro de un poder civil.
Este debate sobre la militarización de la Guardia Nacional refleja tensiones profundas en la política de seguridad de México. La discusión en el Senado, que se avecina, será crucial para determinar el futuro de esta institución y su rol en el enfrentamiento al crimen organizado en el país.
El destino de la Guardia Nacional y su relación con el Ejército será un tema clave no solo para el final del mandato de López Obrador, sino también para el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien deberá abordar las implicaciones de estas reformas en un contexto de creciente demanda por seguridad y justicia en México.