“Aliados” de la 4T ponen freno a reforma electoral; ¿habrá ruptura?

Hay reformas que nacen para incomodar. Y la propuesta electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum es, sin duda, una de ellas. No porque sea revolucionaria en cada uno de sus puntos, sino porque toca fibras sensibles: los privilegios, las listas plurinominales y el financiamiento garantizado que durante años ha permitido a varios partidos sobrevivir sin sudar demasiado.

El eje es claro: abaratar elecciones, evitar listas plurinominales cupulares, reducir financiamiento y obligar a que los partidos trabajen sus candidaturas en territorio. En otras palabras, que salgan a pedir el voto en vez de vivir cómodamente de él.

Pero el diálogo se rompió. Y no con la oposición tradicional, sino con los aliados. El Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, socios estratégicos de Morena durante los años de ascenso, decidieron levantarse de la mesa ante la insistencia del Gobierno de reducir plurinominales y recortar recursos públicos. El martes, tras la exposición de los ejes presidenciales, el ambiente dejó de ser cordial. Pablo Gómez recibió instrucción de trabajar sobre la versión original. Ya no hubo negociación.

La escena es casi literaria: aliados incómodos cuando el banquete empieza a reducirse. La reforma plantea, entre otros puntos, una Cámara de Diputados con 508 integrantes (300 de mayoría relativa, 200 plurinominales y 8 para la diáspora), la reducción del Senado de 128 a 96 escaños, un recorte del 25% al financiamiento ordinario de los partidos con base en votos obtenidos y no en el padrón, además de ahorros en el INE estimados en más de cinco mil millones de pesos en años no electorales. También se ajusta la estructura del Consejo General y se reforman organismos locales y mecanismos de justicia electoral.

Nada de eso debería escandalizar a partidos que presumen compromiso con la transformación democrática. Sin embargo, el PT expresó abiertamente su rechazo a la reducción de plurinominales y a los recortes presupuestales, sin siquiera proponer textos alternativos. El Verde, por su parte, asegura que presentó propuestas que no fueron consideradas.

La verdadera discusión no es técnica; es existencial.

Las plurinominales han sido, durante décadas, el seguro de vida de las dirigencias partidistas. Sin campaña, sin territorio, sin debate público, se garantiza representación. Es el pase automático al Congreso. Y cuando se combina con financiamiento fijo calculado sobre el padrón, no sobre votos reales, el resultado es un modelo que premia la inercia.

Aquí es donde la ironía se vuelve inevitable. Los mismos partidos que llegaron a la cima de la mano de Morena, impulsados por una coalición que maximizó su presencia en el Congreso, ahora se resisten a soltar la red de protección que los sostuvo. Morena permitió su crecimiento, los integró en candidaturas comunes, los convirtió en piezas funcionales para alcanzar mayorías.

En el camino, los partidos aliados se expandieron sin necesidad de construir propuestas propias robustas ni identidad programática clara. Bastaba con acompañar.

El problema surge cuando la locomotora propone cambiar las reglas del viaje. Ricardo Monreal ya reconoció que los acuerdos con los aliados no están firmes y convocó a la plenaria morenista para respaldar la iniciativa presidencial que llegará a San Lázaro. La tensión es evidente: ¿transformación o conservación del statu quo disfrazado de alianza estratégica?

El trasfondo es más profundo que la aritmética legislativa. Si la representación proporcional se reduce y el financiamiento se vincula estrictamente a votos obtenidos, los partidos tendrán que competir de verdad. Tendrán que convencer, no sólo negociar. Tendrán que presentar candidaturas fuertes en mayoría relativa y no depender exclusivamente de listas confeccionadas en oficinas.

Para partidos cuya fortaleza histórica ha sido la negociación más que la movilización, el cambio es incómodo. Pero también es coherente con un discurso que prometió terminar con excesos y privilegios del sistema político.

El sarcasmo surge solo: nadie quiere renunciar voluntariamente a un privilegio. Menos cuando ha sido rentable. Sin embargo, la pregunta que flota es inevitable: ¿se puede hablar de transformación profunda mientras se preservan mecanismos que garantizan supervivencia presupuestal sin esfuerzo proporcional?

La reforma electoral pone a prueba no sólo la disciplina de la coalición gobernante, sino la congruencia de quienes durante años defendieron el discurso del cambio. Si la meta es fortalecer la democracia participativa y reducir costos, la discusión debe darse de frente.

Y quizá ahí radica la incomodidad mayor: trabajar las candidaturas implica recorrer calles, asumir riesgos electorales y depender del voto ciudadano. Vivir del presupuesto, en cambio, siempre ha sido más cómodo.