Jair FigueroaCarlos Joaquín González, actual embajador de México en Canadá y exgobernador de Quintana Roo (2016-2022), fue señalado de haber colaborado con el crimen organizado durante su gestión estatal. La acusación fue hecha por Gabriel Mendicuti Loría, exsecretario de Gobierno durante el sexenio de Roberto Borge, en un programa de radio local el lunes 28 de julio. Mendicuti afirmó que uno de los hijos del embajador era el encargado de cobrar extorsiones y el llamado «derecho de piso» para grupos criminales. Las declaraciones han causado conmoción política y social en la entidad.
Graves señalamientos desde Playa del Carmen
En entrevista con la estación “Playa FM 103.1”, Mendicuti aseguró que el hijo de Carlos Joaquín fungía como intermediario entre el crimen organizado y operadores políticos. “Su hijo era el que cobraba los derechos de piso, el intermediario para temas de extorsiones”, dijo. Aunque no especificó cuál de los hijos del embajador está implicado, agregó que “lo van a reventar en las próximas semanas”, en referencia a una posible acción judicial o exposición mediática.
Contexto político y antecedentes de los involucrados
Gabriel Mendicuti formó parte del gabinete de Roberto Borge, exgobernador preso por asociación delictuosa y desvío de recursos públicos. El propio Mendicuti fue encarcelado en 2018 por desempeño irregular de la función pública, aunque fue liberado tras desestimarse los cargos. Ahora lanza fuertes críticas contra Carlos Joaquín González, a quien acusa de “vender el estado a la delincuencia”.
Carlos Joaquín llegó al poder en 2016 bajo la alianza PAN-PRD y fue promovido posteriormente como embajador en Canadá por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En su sexenio aumentaron los homicidios dolosos en un 180%, según datos oficiales. Aunque no se opuso a proyectos federales como el Tren Maya, sus vínculos con AMLO generaron críticas por su cercanía con Morena tras romper con el PAN y el PRD.
Sin respuesta oficial, pero con antecedentes controvertidos
Hasta el momento, el embajador no ha emitido un posicionamiento sobre las declaraciones. Su residencia actual es en Canadá, y su cargo fue ratificado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su mandato estatal, se documentaron múltiples denuncias por corrupción y violencia, especialmente en la zona norte de Quintana Roo, donde el turismo coexiste con el narcotráfico y la extorsión.
Paradójicamente, fue durante su administración que se logró la aprehensión de su antecesor Roberto Borge y varios de sus colaboradores, acusados de vender terrenos públicos a precios irrisorios, lo que dejó un daño al erario estimado en 900 millones de pesos. Sin embargo, según Mendicuti, esta lucha contra la corrupción fue en realidad una pantalla que encubrió el avance de nuevos pactos con el crimen organizado.
Ecos de una lucha por el poder local
Las declaraciones se dan en un momento clave para la política en Quintana Roo. Faltan dos años para las elecciones estatales y municipales, y ya han comenzado los movimientos estratégicos entre distintos grupos políticos. Los dichos de Mendicuti podrían estar marcando una nueva etapa de confrontación interna dentro de los viejos y nuevos liderazgos del estado.
¿Qué sigue?
Se espera que autoridades federales o el propio gobierno canadiense puedan solicitar información o posicionamiento formal ante las acusaciones. Asimismo, podría iniciarse una investigación oficial si se considera que hay elementos suficientes para indagar sobre presuntos vínculos del embajador con actividades delictivas.
Por lo pronto, en Quintana Roo el tema ha generado reacciones tanto en medios como en círculos políticos, donde ya se habla de posibles rupturas y reposicionamientos ante un escenario electoral aún lejano, pero cada vez más disputado.
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