USAID: la decisión de Trump que sacudió las estructuras de influencia política en América Latina

Durante décadas, miles de millones de dólares provenientes de Estados Unidos llegaron a América Latina mediante programas de cooperación internacional. Bajo objetivos como el fortalecimiento democrático, la defensa de los derechos humanos, el desarrollo económico y la participación ciudadana, USAID se convirtió en uno de los principales instrumentos de asistencia exterior estadounidense.

Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca marcó un cambio profundo en la manera de administrar esos recursos. Su gobierno decidió revisar las prioridades de la cooperación internacional, cuestionar la eficiencia de numerosos programas y exigir que el dinero de los contribuyentes estadounidenses respondiera a los intereses estratégicos de su país.

Lo que comenzó como una revisión administrativa terminó convirtiéndose en una de las mayores reestructuraciones de la asistencia exterior estadounidense en décadas.

Los resultados son contundentes.

Según un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO), publicado el 30 de septiembre de 2026, entre enero de 2025 y marzo de 2026 se cancelaron aproximadamente 6,780 de los 7,510 programas que administraba USAID. Es decir, cerca del 90 %.

Los programas cancelados representaban 79,100 millones de dólares en obligaciones financieras acumuladas. No se trata de dinero que necesariamente haya sido desembolsado o recuperado, sino de compromisos asociados a los programas desde su inicio.

La dimensión de esta transformación permite comprender por qué sus repercusiones trascienden las fronteras estadounidenses.

La administración Trump no solamente modificó una estructura burocrática: abrió una discusión sobre quién recibe los recursos de la cooperación internacional, qué intereses representan sus beneficiarios y qué resultados justifican su financiamiento.

El dinero y las estructuras de influencia

Uno de los aspectos más importantes de esta revisión es el debate sobre los recursos destinados a programas de promoción democrática, organizaciones no gubernamentales y participación de la sociedad civil.

De acuerdo con otro informe de la GAO, entre los años fiscales 2018 y 2023, USAID destinó aproximadamente 9,000 millones de dólares a programas de asistencia democrática en distintas regiones del mundo. El Departamento de Estado aportó otros 5,000 millones.

Estamos hablando de aproximadamente 14,000 millones de dólares destinados a actividades relacionadas con instituciones democráticas, participación ciudadana y otros objetivos de gobernabilidad.

Estos programas tenían propósitos oficiales legítimos. Sin embargo, la magnitud de los recursos también obliga a examinar cómo se seleccionaban sus beneficiarios, cuáles eran sus actividades y qué influencia adquirieron en los países receptores.

En América Latina, donde numerosas organizaciones sociales participan activamente en debates legislativos, institucionales y políticos, esa pregunta adquiere especial relevancia.

No toda organización que recibe cooperación internacional responde a una agenda partidista. Pero tampoco debería considerarse improcedente investigar si determinados programas terminaron favoreciendo, directa o indirectamente, a grupos con posiciones ideológicas específicas.

La transparencia debe permitir responder esas preguntas con documentos, contratos, auditorías y resultados verificables.

¿Por qué se habla de un debilitamiento de la izquierda?

Recientemente, Donald Trump Jr. relacionó públicamente el desmantelamiento de USAID con los retrocesos electorales de sectores de izquierda latinoamericanos.

Su planteamiento ha despertado interés porque introduce una hipótesis política: que algunas estructuras de influencia progresista pudieron haber dependido, en mayor medida de lo que se reconocía públicamente, del financiamiento internacional.

Es una hipótesis que merece investigación.

Durante años, organizaciones de distintas orientaciones ideológicas han desarrollado actividades de incidencia pública, formación de liderazgos, promoción de reformas y movilización social. Cuando esas actividades dependen de financiamiento externo, una reducción abrupta de recursos puede afectar su capacidad operativa.

Sin embargo, todavía no existe evidencia suficiente para afirmar que las cancelaciones de USAID provocaron por sí mismas derrotas electorales de la izquierda o que los fondos destinados a asistencia democrática constituían financiamiento partidista.

Los cambios políticos latinoamericanos también responden al desempeño de los gobiernos, las condiciones económicas, la inseguridad, la corrupción y el descontento ciudadano.

La cuestión relevante es determinar si la desaparición de determinadas fuentes de financiamiento modificó la capacidad de influencia de organizaciones vinculadas a diferentes corrientes políticas.

Si una estructura política pierde capacidad de movilización cuando desaparecen los recursos externos, corresponde investigar cuánto de su fortaleza provenía de una base social propia y cuánto dependía de ese financiamiento.

Guatemala no puede quedar fuera del análisis

Guatemala tiene razones particulares para prestar atención a esta transformación.

Durante décadas, la cooperación estadounidense ha financiado programas relacionados con justicia, seguridad, desarrollo económico, gobernabilidad y fortalecimiento institucional.

Entre los años fiscales 2020 y 2023, el Departamento de Estado y USAID proporcionaron conjuntamente alrededor de 570.6 millones de dólares en asistencia bilateral, regional, humanitaria y de otros programas vinculados con Guatemala.

Estos recursos han respaldado iniciativas de distinta naturaleza, algunas de ellas importantes para comunidades vulnerables y para la cooperación bilateral.

Precisamente por su magnitud, resulta fundamental conocer con claridad qué organizaciones administraron los fondos, cuáles fueron los criterios para seleccionarlas y qué resultados concretos obtuvieron.

La administración Trump ha colocado sobre la mesa una exigencia que debería ser compartida por todos los gobiernos latinoamericanos: que los recursos estadounidenses destinados a la cooperación sean administrados con transparencia, supervisión y objetivos claramente definidos.

Esa exigencia no representa un rechazo a la cooperación internacional. Por el contrario, puede contribuir a fortalecerla mediante mecanismos más rigurosos de responsabilidad institucional.

Una nueva relación con Estados Unidos

La decisión de Trump tampoco significó que Estados Unidos abandonara toda su política de asistencia internacional.

Desde julio de 2025, el Departamento de Estado asumió la administración de una parte importante de los programas anteriormente gestionados por USAID. Para marzo de 2026, los programas activos transferidos representaban aproximadamente 52,100 millones de dólares en obligaciones acumuladas.

La reestructuración ha sido profunda y también plantea desafíos administrativos que las propias instituciones estadounidenses han identificado.

Pero su orientación política es clara: la administración Trump busca vincular más directamente la asistencia exterior con las prioridades de su política internacional.

Para América Latina, este cambio abre la posibilidad de construir relaciones de cooperación más enfocadas en seguridad, combate al crimen organizado, desarrollo económico, fortalecimiento institucional y resultados medibles.

La cooperación estratégica con Washington debe sustentarse en intereses compartidos, respeto institucional y mecanismos transparentes de ejecución.

El verdadero cambio

El desmantelamiento operativo de USAID constituye uno de los acontecimientos más relevantes en la transformación reciente de la política exterior estadounidense.

Sus efectos económicos e institucionales ya son visibles. Sus consecuencias políticas de largo plazo todavía requieren mayor investigación.

La administración Trump ha impulsado una revisión que permite formular preguntas fundamentales sobre el destino de miles de millones de dólares y sobre las estructuras que durante años dependieron de esos recursos.

Entre esas preguntas se encuentra una especialmente importante para América Latina: ¿qué organizaciones lograron construir influencia política gracias al respaldo financiero internacional y cuáles conservarán esa influencia cuando deban sostenerse con recursos propios?

La respuesta no puede construirse únicamente a partir de sospechas ni de coincidencias electorales. Debe surgir de la documentación, la fiscalización y la evidencia.

El legado de esta revisión no debería medirse solamente por la cantidad de programas cancelados, sino por la capacidad de Estados Unidos para garantizar que su cooperación internacional responda a objetivos verificables y que sus recursos no terminen subordinados a intereses políticos ajenos a sus prioridades.

Porque una relación sólida entre Estados Unidos y América Latina debe construirse sobre instituciones transparentes, cooperación efectiva y resultados concretos, no sobre estructuras cuya influencia dependa exclusivamente del financiamiento exterior.

Por Juan Pablo Castañeda
Analista político internacional