Jair FigueroaEl Gobierno de México inició el proceso para canalizar los 5.8 millones de dólares recuperados del esquema de corrupción de Genaro García Luna hacia la infraestructura educativa de la Montaña Alta de Guerrero. Tras confirmarse el depósito de los recursos en la Tesorería de la Federación (Tesofe), las autoridades federales alistan los mecanismos de ejecución presupuestal obtenidos mediante una demanda civil en Florida, Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el dinero cubrirá necesidades urgentes en los planteles de las comunidades más vulnerables del sur del país.
El plan de ejecución: así se aplicará el dinero recuperado en las escuelas de Guerrero
Los recursos captados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) provienen de la liquidación de 12 bienes inmuebles y el cobro de una póliza de fianza ligada a la familia Weinberg. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público resguarda los fondos dentro de la Tesofe para su posterior asignación a los programas de infraestructura escolar en la sierra guerrerense.
La administración federal supervisará que la inversión se destine directamente a la remodelación, equipamiento y construcción de aulas en los municipios de mayor rezago social. El seguimiento de los recursos públicos busca evitar intermediarios en la dispersión de los apoyos directos a los centros educativos.
La investigación financiera comprobó que el entramado de corrupción desvió originalmente más de 403.9 millones de dólares mediante contratos simulados en el sistema penitenciario. La UIF rastreó transferencias ilícitas hacia empresas fachada como Nunvav Inc y cuentas bancarias distribuidas en más de siete países.
Las autoridades educativas de Guerrero preparan los diagnósticos técnicos para determinar cuáles planteles recibirán las primeras transferencias presupuestales. La inversión priorizará a las escuelas que carecen de servicios básicos e infraestructura adecuada para los estudiantes.
Los activos pendientes que México busca cobrar en cortes de Estados Unidos
El juicio civil radicado en los tribunales de Florida establece una sentencia total de 578.5 millones de dólares a favor del Estado mexicano. El cobro de los primeros 5.8 millones de dólares representa apenas una fase inicial del proceso de recuperación de bienes asegurados en el extranjero.
La UIF y los apoderados legales del gobierno mexicano continúan con las subastas y remates de otros inmuebles pertenecientes al Grupo Weinberg. Los liquidadores judiciales en Estados Unidos mantienen bajo custodia diversos vehículos de lujo, propiedades residenciales y cuentas bancarias congeladas durante el litigio.
Las carpetas de investigación penal iniciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) siguen vigentes contra los involucrados en la red de lavado de dinero. El seguimiento coordinado entre dependencias federales pretende recuperar el monto total estimado del quebranto patrimonial.
La estrategia legal sienta un precedente en la restitución de fondos públicos desviados hacia paraísos fiscales. La repatriación de los recursos continuará conforme las cortes estadounidenses concluyan la venta de las propiedades bajo embargo.
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