Jair FigueroaLa Fiscalía General de la República (FGR) citó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para comparecer el próximo 27 de mayo en la Ciudad de México. La mandataria panista deberá explicar por qué agentes de Estados Unidos operaban en territorio chihuahuense sin las autorizaciones correspondientes.
Campos recibió el citatorio en sus oficinas oficiales y confirmó que acudirá a las 10:00 am, pese a contar con fuero constitucional. «Siempre he dado la cara», declaró la gobernadora durante la entrega del documento.
Maru Campos cuestionó selectividad en citatorios de la FGR
La gobernadora chihuahuense expresó su inconformidad por ser la única mandataria del país citada por las autoridades federales. Acompañada del secretario general de Gobierno, Roberto Gil, cuestionó si otros gobernadores han recibido citatorios similares.
«¿El ex mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también ha sido citado por los presuntos nexos que sostiene con el crimen organizado?», preguntó Campos durante la conferencia de prensa.
La panista lamentó que los emisarios de la FGR fueran «portadores de malas noticias contra la institucionalidad» de Chihuahua. Sin embargo, reconoció que los funcionarios federales cumplían con su trabajo.
Gobernadora acudirá pese a su fuero constitucional
Maru Campos confirmó que comparecerá ante la FGR el 27 de mayo, aunque cuenta con fuero constitucional que la protege de procesos judiciales. «La gobernadora del Estado de Chihuahua tendrá que comparecer ante la Fiscalía General de la República», declaró.
La citación busca que Campos explique los motivos por los cuales agentes estadounidenses operaban en territorio chihuahuense. La FGR investiga si estos operativos contaron con las autorizaciones legales correspondientes.
El caso genera controversia porque involucra la soberanía nacional y los protocolos de cooperación internacional en materia de seguridad. La gobernadora deberá aclarar si su administración autorizó o tenía conocimiento de estas operaciones.
La comparecencia de Campos marcará un precedente en las relaciones entre gobiernos estatales y autoridades federales en temas de seguridad nacional.