Héctor O. CarriedoEn la política del Estado mexicano, las decisiones no se toman en abstracto. Se asumen con cálculo de costos, incentivos y correlaciones de fuerza sobre la mesa. Por ello, frente a las denuncias sobre la evidente participación de agentes estadounidenses de la CIA en operaciones de seguridad interior en Chihuahua, con el consentimiento y acuerdo de la gobernadora Maru Campos, la cuestión no es si el tema incomoda, sino qué costo tiene para el gobierno de México no actuar.
Es preciso reflexionar: la referencia a la CIA no es menor. No se trata de un órgano de cooperación y colaboración policial ordinaria, sino de una agencia de inteligencia con atribuciones extrapolíticas e injerencistas en materia de seguridad y estabilidad nacional. Si se acredita que sus agentes participaron en tareas operativas en territorio de Chihuahua, no se trata de un esquema convencional de intercambio de información, sino de acciones subrepticias con implicaciones directas sobre la soberanía, jurisdicción y control del uso de la fuerza del Estado mexicano.
El punto de partida es sencillo: si hubo intervención operativa extranjera —no cooperación técnica, sino presencia con acciones de campo— sin la autorización correspondiente de la titular del Ejecutivo federal, se cruzó una línea constitucional. No es un matiz. Es una frontera clara en el diseño del Estado federal mexicano. La conducción de la política exterior y cualquier habilitación de agentes extranjeros no es materia local; sino facultad exclusiva federal.
De ahí que el juicio de procedencia para el desafuero de la gobernadora de Chihuhua no es un acto moral o una revancha política, sino más bien un medio imprescindible para alcanzar dos objetivos: abrir la puerta a una investigación penal y enviar una señal política. La discusión realista es si conviene usarlo.
Primero, el costo de no hacerlo. Si el tema se diluye, el precedente queda: las y los titulares de los ejecutivos estatales podrán, en los hechos, tolerar o negociar esquemas de seguridad con actores externos en contextos de alta presión criminal. Eso no se va a decir públicamente, pero se va a entender en la práctica. Y en un país con problemas de control territorial, los incentivos importan.
Segundo, el costo de activarlo. Un proceso de desafuero escala el conflicto político, endurece posiciones y obliga a la Cámara de Diputados a asumir un rol que inevitablemente será leído en clave partidista. No hay forma de evitar esa lectura. Pero tampoco hay forma de evitarla si se bloquea el procedimiento: en ese caso, la señal será de protección de la clase política en su conjunto.
Tercero, la variable crítica: la prueba. Debe haber evidencia sólida de que la gobernadora de Chihuahua acordó y permitió la actuación de agentes de la CIA en funciones de seguridad interior, invadió competencias exclusivas del ámbito federal, y vulneró el principio de soberanía nacional; sin ello, el proceso se debilita y puede revertirse políticamente. Un desafuero fallido favorecería a la acusada y las fuerzas políticas que la acompañan, pero bien sustentado fortalecería a la presidencia de la República.
En este punto entra la responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum. La decisión para el Gobierno Federal no es sólo jurídica, es política y estratégica. Puede optar por contener el tema y evitar una escalada política inmediata, o puede asumir el costo de esclarecerlo y fijar un precedente. La primera opción reduce ruido en el corto plazo; la segunda reduce incertidumbre en el largo plazo.
En ese contexto, la decisión sobre el desafuero no es entre “confrontar” o “conciliar”, sino entre administrar un riesgo ahora o acumularlo para después. La experiencia política mexicana muestra que las faltas graves que no se procesan tienden a reaparecer como prácticas normalizadas. Y una vez normalizadas, son más difíciles de corregir.
También hay un elemento de consistencia. Durante años, distintos actores han exigido legalidad estricta cuando se trata de sus adversarios. Ese estándar no puede volverse flexible cuando los cuestionamientos recaen en su propio campo político. La credibilidad institucional no se sostiene con discursos, sino con decisiones que se aplican en escenarios incómodos.
Nada de esto implica prescindir del debido proceso. Al contrario: lo vuelve indispensable. El juicio de procedencia no condena, habilita. Permite que las autoridades investiguen con herramientas plenas y que los hechos se acrediten o se descarten en el ámbito judicial, no en declaraciones cruzadas.
En términos pragmáticos, el mensaje clave es este: la política puede tolerar muchas cosas, pero no le conviene tolerar incertidumbre sobre quién controla el uso de la fuerza en el territorio. Si hay duda razonable sobre una posible extralimitación —más aún si involucra a una agencia como la CIA—, el costo de no aclararla es mayor que el de abrir el procedimiento.
No debe subestimarse la resistencia interna en el propio Congreso de la Unión. Figuras con peso político, como Ricardo Monreal, han mostrado, en distintos momentos, una inclinación a privilegiar la contención sobre la confrontación institucional, lo que anticipa un bloque de legisladores renuentes a abrir el juicio de procedencia contra la gobernadora Maru Campos.
Las razones son conocidas: cálculo de costos, temor a escalar el conflicto con la oposición, y la lógica de preservar márgenes de negociación en un Congreso fragmentado. Pero ese tipo de resistencia, aunque políticamente comprensible, tiene un efecto claro: desplaza el eje de decisión desde la legalidad hacia la conveniencia. Y cuando eso ocurre en un asunto que toca soberanía y uso de la fuerza, el mensaje institucional se debilita. La disyuntiva para esos legisladores no es menor: o asumen el costo de activar el mecanismo constitucional, o cargan con el costo —menos visible pero más duradero— de haber contribuido a normalizar una zona de excepción.
El desafuero, entonces, no es un gesto simbólico. Es una decisión de gestión de riesgos institucionales. O se establece con claridad dónde están los límites, o se deja que esos límites se negocien caso por caso. Y eso, en materia de soberanía y seguridad, puede salir mucho más caro.