Jair FigueroaLa reforma constitucional que busca reducir las llamadas pensiones millonarias o “pensiones doradas” de ex funcionarios públicos no será retroactiva, pero sí disminuirá los montos que actualmente reciben algunos ex servidores de alto nivel una vez que entre en vigor. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien explicó que la medida aplicará únicamente hacia el futuro y no implicará la devolución de recursos ya pagados con anterioridad.
La mandataria detalló que la propuesta, que ya fue enviada al Senado de la República, tiene como objetivo establecer límites a las pensiones que reciben ex funcionarios de confianza y altos mandos de entidades públicas. De acuerdo con el planteamiento, el cambio busca evitar que se sigan otorgando jubilaciones extremadamente elevadas financiadas con recursos públicos.
Durante un pronunciamiento sobre la iniciativa, Sheinbaum señaló que algunos ex funcionarios han recibido pensiones cercanas al millón de pesos mensuales durante varios años. En algunos casos, explicó, estas prestaciones se mantuvieron durante más de una década, lo que representó un gasto considerable para el erario.
La presidenta explicó que, con la reforma, las pensiones de estos ex servidores públicos se ajustarán a montos mucho menores una vez aprobada la modificación constitucional. Puso como ejemplo que alguien que actualmente recibe alrededor de un millón de pesos al mes podría pasar a percibir cerca de 70 mil pesos mensuales, cifra que, según dijo, sigue siendo superior a la pensión promedio que recibe la mayoría de los ciudadanos.
De acuerdo con el planteamiento del gobierno federal, la medida pretende corregir esquemas que durante años permitieron que algunos funcionarios de alto nivel obtuvieran beneficios económicos considerablemente mayores que los de la mayoría de los trabajadores del sector público.
Sheinbaum enfatizó que la reforma no implicará que el Estado reclame o exija la devolución del dinero que los ex funcionarios ya recibieron en años anteriores. La mandataria explicó que el principio de no retroactividad en la ley impide aplicar el cambio para recuperar recursos previamente pagados, por lo que el ajuste se aplicará únicamente desde el momento en que la reforma sea aprobada y publicada.
“No se les va a pedir el dinero que ya recibieron, pero a partir de la aprobación de la reforma van a bajar las pensiones”, señaló la presidenta al explicar el alcance de la propuesta.
En ese sentido, Sheinbaum también descartó que puedan presentarse amparos para evitar la aplicación de la reforma, ya que se trata de una modificación a la Constitución. Según explicó, en estos casos el único mecanismo legal que podría discutirse sería la constitucionalidad del propio cambio, pero no un amparo individual para impedir su cumplimiento.
La iniciativa forma parte de una serie de propuestas que buscan modificar el sistema de prestaciones para altos funcionarios del gobierno federal y organismos públicos. Durante años, diversas organizaciones y analistas han señalado que algunos esquemas de pensiones otorgados a mandos superiores permitieron pagos muy superiores al promedio de jubilaciones en México.
La presidenta también aclaró que la reforma no afectará a trabajadores sindicalizados ni a empleados de base del sector público. En esos casos, las pensiones están establecidas mediante contratos colectivos de trabajo o sistemas formales de seguridad social, por lo que no forman parte de la iniciativa.
El cambio, explicó, se enfoca exclusivamente en los casos en los que las pensiones fueron definidas de manera discrecional para funcionarios de confianza o altos mandos dentro de instituciones públicas.
Entre las dependencias donde históricamente se han reportado pensiones elevadas se encuentran empresas del Estado como Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y la extinta Luz y Fuerza del Centro, donde algunos directivos o altos funcionarios recibieron jubilaciones superiores al promedio nacional.
Según explicó la mandataria, uno de los objetivos centrales de la reforma es reducir el gasto público destinado a este tipo de pensiones y generar un sistema más equilibrado en el uso de los recursos del Estado.
El tema de las pensiones de altos funcionarios ha sido motivo de debate público durante años, especialmente en contextos de austeridad y ajustes presupuestarios. Diversos sectores han cuestionado que mientras muchos trabajadores reciben jubilaciones limitadas, algunos ex funcionarios continúan recibiendo montos significativamente mayores.
En ese contexto, el gobierno federal argumenta que la reforma busca establecer un criterio de mayor equidad en el sistema de pensiones públicas. La propuesta también pretende reforzar la percepción de transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
La iniciativa deberá continuar su proceso legislativo en el Congreso, donde será analizada y discutida por legisladores antes de una eventual aprobación. Si el cambio constitucional se concreta, las nuevas reglas para las pensiones de ex funcionarios entrarían en vigor una vez publicada la reforma en el Diario Oficial.
El debate sobre las pensiones doradas podría continuar en el ámbito político y público, ya que el tema involucra tanto la administración del gasto público como la revisión de beneficios otorgados en administraciones anteriores.
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