RedacciónUna investigación del medio digital Latinus reveló este jueves que el Grupo Andrade, un conglomerado empresarial propietario del periódico El Heraldo de México, ha recibido contratos por al menos 33 mil millones de pesos del gobierno federal durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Los contratos, otorgados por al menos 60 dependencias públicas, están principalmente relacionados con la compra y renta de vehículos, y coinciden con una línea editorial favorable al gobierno en los medios del grupo, donde trabaja Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. La investigación documenta una relación comercial a gran escala entre el conglomerado y el Estado.
El Grupo Andrade es propiedad del empresario Ángel Mieres Zimmermann y controla, entre otros activos, al diario El Heraldo de México y la plataforma El Heraldo USA. Según el reporte de Latinus, estos medios han mantenido una línea editorial consistentemente afín a los gobiernos de Morena, publicando entrevistas extensas con funcionarios de alto nivel y encuestas que muestran altos niveles de popularidad para sus políticos.
Paralelamente, las empresas del grupo, particularmente Integra Arrenda, han sido adjudicatarias de numerosos contratos públicos. Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la secretaria de Gobernación, se desempeña como coordinadora de El Heraldo USA y conductora de un espacio radiofónico donde entrevista a políticos cercanos a la llamada Cuarta Transformación.
La investigación detalla la magnitud de la relación comercial. La empresa Integra Arrenda, del Grupo Andrade, ha ganado más de 100 asignaciones de contratos con entidades como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Rosa Icela Rodríguez.
Uno de los contratos más cuantiosos fue firmado el 2 de enero de 2023 por el Servicio de Protección Federal de la SSPC con Integra Arrenda, por un monto de 762 millones de pesos para la renta de más de 800 vehículos ese año.
Adicionalmente, los días 14 y 15 de febrero de 2023, otras dos empresas del Grupo Andrade ganaron licitaciones por más de 8 mil millones de pesos para la venta de más de 6,500 patrullas a la Guardia Nacional. Poco después de estos contratos masivos, El Heraldo de México publicó una entrevista de media hora con la secretaria Rosa Icela Rodríguez y le dedicó dos planas completas en su edición impresa de circulación nacional, según documenta Latinus.
La dinámica se ha mantenido durante la actual administración, con continuas adquisiciones y arrendamientos de vehículos para diversas dependencias. Un caso reciente y polémico involucró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual, según la investigación, otorgó una adjudicación directa al Grupo Andrade para la compra de nueve camionetas blindadas de alto costo destinadas a los nuevos ministros. Ante el rechazo público que generó la noticia, los ministros declinaron finalmente recibir los vehículos, aunque el contrato había sido ya asignado.
El reporte de Latinus plantea interrogantes sobre la intersección entre los negocios, los medios de comunicación y el poder político. Si bien los contratos fueron obtenidos mediante procesos de licitación o adjudicación, la coincidencia temporal y la escala de las adjudicaciones a un grupo que simultáneamente ofrece cobertura mediática favorable al gobierno genera cuestionamientos sobre la percepción de conflictos de interés y la equidad en el acceso a la publicidad oficial y los contratos públicos. La presencia de la hija de una secretaria de Estado clave en la estructura mediática del grupo añade otra capa de complejidad a esta relación.
Hasta el momento, ni el Grupo Andrade, ni la Secretaría de Gobernación, ni la Presidencia de la República han emitido un comentario oficial sobre las revelaciones de la investigación de Latinus. El caso se suma a otros señalamientos previos sobre la concentración de publicidad oficial en medios afines y la adjudicación de grandes contratos a un reducido número de proveedores durante la actual administración. La investigación periodística busca arrojar luz sobre los flujos económicos y las relaciones de influencia que subyacen en la intersección entre el sector privado y el poder público en México.
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