Jair FigueroaVideo revela presunta intimidación en vía pública
Un video difundido en redes sociales ha provocado indignación en Celaya, Guanajuato. En él se escucha a una funcionaria de Jumapa lanzar una amenaza directa contra un ciudadano:
“¡A mí me cuesta dos mil pesos que te desaparezcan!”
La grabación fue tomada en la explanada del estacionamiento subterráneo del Parque Morelos, cerca de las oficinas del organismo operador de agua. En las imágenes también se observa a otro hombre con celular, aparentemente testigo o acompañante de la mujer.
¿Quién es la funcionaria y qué hizo Jumapa?
Aunque no se ha revelado públicamente el nombre de la empleada, Jumapa confirmó en un comunicado que ya se inició un proceso de baja para separar a la persona señalada del cargo. La institución aclaró que no tolera actos de violencia, intimidación ni amenazas por parte de sus colaboradores.
“Se está siguiendo el procedimiento administrativo correspondiente para la separación definitiva del cargo”, informó el organismo.
El contexto aún no está claro
Hasta ahora no se conocen mayores detalles sobre el contexto del altercado. La breve grabación inicia con la voz de un hombre que dice: “Ahora hasta con comercio”. La funcionaria responde elevando la voz y lanza la amenaza que ha generado amplio rechazo:
“¿Oíste con tu comercio? ¡A mí me cuesta dos mil pesos que te desaparezcan!”
Una frase que revive el miedo a la impunidad
El caso ha resonado con fuerza en Guanajuato, una de las entidades más golpeadas por la violencia y las desapariciones. La frase pronunciada no solo es alarmante por su contenido, sino también por el trasfondo de impunidad que sugiere: la posibilidad de “desaparecer” a alguien por una suma baja de dinero.
Organizaciones civiles y ciudadanos han expresado preocupación en redes sociales por la normalización de la violencia desde posiciones de poder, y han exigido una investigación completa, así como sanciones penales si corresponde.
Reacción ciudadana: ¿es suficiente una baja administrativa?
Activistas y usuarios en redes sociales cuestionan si una simple baja administrativa es suficiente ante una amenaza tan grave.
El hecho podría configurar una conducta delictiva según el Código Penal del estado, particularmente si se comprueba que fue intencional y dirigida.
En este contexto, la presión social podría llevar al Ministerio Público a iniciar una indagatoria formal.
Crisis de confianza en autoridades locales
Casos como este reflejan una creciente desconfianza ciudadana hacia funcionarios públicos en Guanajuato. La mezcla de violencia estructural, corrupción y ausencia de sanciones efectivas ha deteriorado la legitimidad institucional, sobre todo en temas sensibles como las desapariciones forzadas.
¿Y la víctima? Hasta ahora sin nombre ni denuncia formal
Hasta el momento no se ha identificado oficialmente al hombre que recibió la amenaza ni se ha presentado una denuncia ante las autoridades. Esto deja un vacío preocupante sobre la protección a víctimas y la posibilidad de que otros incidentes similares pasen desapercibidos o queden impunes.
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