Filiberto Cruz MonroyEl pasado domingo 1 de junio se llevó a cabo, por primera vez en la historia de México, una elección directa para designar a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Un hecho sin precedentes, impulsado con el argumento de democratizar una de las instituciones más cerradas y cuestionadas del sistema político nacional. Sin embargo, lejos de consolidar una nueva forma de participación ciudadana, esta jornada dejó al descubierto un proceso improvisado, confuso y desangelado, donde la voluntad popular brilló por su ausencia.
Apenas el 13% del padrón electoral acudió a las urnas. Es decir, cerca de 9 de cada 10 personas simplemente decidieron no participar. Este dato, por sí solo, debería bastar para encender las alarmas sobre la legitimidad política y ética de un proceso que, aunque constitucionalmente válido, se tambalea en su representatividad. ¿Puede un juez que fue electo por el 2% de sus posibles votantes realmente considerarse producto del consenso ciudadano?
Las causas de este abstencionismo masivo son múltiples, pero todas apuntan en una dirección: la improvisación. El proceso fue anunciado y ejecutado con prisas, sin la pedagogía necesaria para que la ciudadanía comprendiera qué se estaba votando, por qué era importante y quiénes eran los candidatos. No se trataba solo de elegir entre nombres; se pedía a los votantes discernir entre cargos cuyas diferencias técnicas no están al alcance de la mayoría: ¿qué hace un ministro?, ¿en qué se distingue de un magistrado de sala regional?, ¿qué implica una jueza de distrito? La realidad es que, más allá de un círculo muy reducido de especialistas, pocos tienen claridad sobre esas funciones.
En las casillas, esta desinformación se tradujo en caos. Incluso con acordeones en mano —listas impresas con los nombres previamente seleccionados por los votantes— muchas personas tardaron entre 10 y 15 minutos frente a las boletas, tratando de identificar nombres, posiciones y siglas. Algunos optaron por tachar al azar. Otros, abrumados, simplemente marcaron todas las opciones o abandonaron la papeleta en blanco. El diseño del proceso no solo no ayudó, sino que entorpeció una participación significativa.
No se puede culpar a la ciudadanía por no comprender un sistema que nunca se les explicó. No se puede responsabilizar al votante por no saber distinguir entre cargos judiciales cuando estos temas no forman parte de su cotidianidad ni de una formación cívica real. El problema no es la apatía, sino la desconexión entre una élite política que impulsa reformas desde la cúpula y una sociedad civil que necesita tiempo, información y espacios para involucrarse de forma genuina.
Lo más grave es que esta falta de participación no puede atribuirse únicamente a los sectores tradicionalmente críticos del gobierno. No se trató de un boicot de la oposición ni de un sabotaje partidista. Fue una ausencia generalizada, transversal. La indiferencia —o quizás el hartazgo— fue compartida por simpatizantes y detractores del régimen. Si apenas uno de cada diez ciudadanos acudió a las urnas, el mensaje es contundente: este no fue un ejercicio de voluntad popular, sino una simulación.
Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo interpretar una elección donde el pueblo, al que se le entregó por primera vez la responsabilidad de decidir quién imparte justicia, optó por no responder? El oficialismo probablemente celebre la jornada como un paso hacia la democratización del Poder Judicial. Pero más allá del discurso triunfalista, se impone una realidad ineludible: no se puede democratizar sin ciudadanía, y no se puede ciudadanizar un proceso sin información, sin claridad, sin tiempo.
Una elección tan relevante como esta debió haberse hecho de forma gradual, comenzando con campañas de alfabetización jurídica, materiales didácticos accesibles, debates públicos y, sobre todo, tiempo para que la sociedad pudiera apropiarse del proceso. Lo que se hizo, en cambio, fue lanzar al país entero a una dinámica desconocida, esperar resultados inmediatos y luego asombrarse por la apatía.
Más que preguntarnos si esta elección fue legal, deberíamos cuestionar si fue legítima. Y si no lo fue, toca repensar no solo cómo se elige a quienes imparten justicia, sino cómo se construyen procesos donde la ciudadanía sea algo más que un número en el padrón.
@filibertocruz y filibertocruz@gmail,com