Evolución de la política de desarrollo de México

Se revisa el devenir de la política de desarrollo para reconocer sus matices de acuerdo con cada momento histórico, y desentrañar las razones por las cuales nos encontramos en la situación presente. Se trata de evaluar lo sucedido en un periodo de largo plazo, después de aplicar las políticas impuestas por los organismos financieros multilaterales que, por más de medio siglo, hicieron a nuestro país más dependiente y subordinado a las políticas diseñadas y dictadas desde los centros de poder mundial.

Para cuestionar las políticas actuales es indispensable revisar de dónde venimos, es decir, la evolución de las ideas e intereses hegemónicos que están detrás del paradigma del desarrollo seguido por muchos países, e ir más allá del simple análisis técnico de las políticas en el pasado reciente o hacia el futuro mediato.

La imagen del desarrollo que quedó grabada en la mente de muchos desde hace más de setenta años, se la atribuyen al presidente estadounidense Harry S. Truman quien, en 1949, en su discurso inaugural ante el Congreso estadounidense, en el contexto del plan de reconstrucción de Europa y de los movimientos de independencia de varios países en África y Asia, señaló que grandes áreas geográficas del planeta eran <subdesarrolladas>.

Desde entonces los organismos multilaterales, como los nacientes en 1948 Fondo Monetario Internacional y el Banco de Reconstrucción y Fomento –BIRF- (hoy Banco Mundial) delinearían y conducirían las estrategias de financiamiento y endeudamiento en el mundo para <llevar a los países subdesarrollados al desarrollo> entendido, básicamente, en el sentido de buscar tasas similares de crecimiento económico y consumo de las naciones hegemónicas. De ahí que, por más de siete décadas, la aspiración de ciertas élites dirigentes y clases medias, en particular latinoamericanas, ha sido alcanzar los estándares y niveles de vida de las clases opulentas de la nación hegemónica.

Con el crecimiento económico <sostenido> los países subdesarrollados perseguirían estándares superiores de consumo y servicios, con una clase media aspiracional ampliada que fortaleciera el mercado. Simultáneamente se induciría que los sistemas económicos, políticos y culturales de los países subdesarrollados se parecieran, cada vez más, a los de las metrópolis coloniales referentes de las naciones periféricas que fueron colonias de las potencias del mundo.

En busca de dicha imagen objetivo del <desarrollo>, en los países <subdesarrollados> se fomentó, mediante el incremento de su deuda pública con el exterior, el crecimiento económico sostenido como sinónimo de <progreso> y modernidad y, en la mayoría de estos países denominados del <tercer mundo>, sin perseguir ningún propósito de justicia social o de política redistributiva, por lo que el crecimiento alcanzado concentró la riqueza en las élites empresariales y políticas nativas, al tiempo que se amplió la brecha de la desigualdad, la pobreza rural y urbana, la marginación y exclusión, en particular de las etnias indígenas y los pueblos originarios.

El impulso al crecimiento económico se llevó cabo por medio de créditos del Banco Mundial, en lo que se conoce como la revolución verde, extractivismo de recursos naturales renovables y no renovables e inversiones públicas desarrollistas en infraestructura.  Grosso modo, en el periodo 1948-1980 las políticas para el desarrollo en los países del <tercer mundo>, sobre todo latinoamericanos, atravesaron por el siguiente contexto:

• Hegemonía del pensamiento económico keynesiano de la posguerra.
• Inicio de la guerra fría, y de las dicotomías Este-Oeste (socialismo vs capitalismo) y Norte- Sur (desarrollo-subdesarrollo). 
• En México, Argentina y Brasil, principalmente, predominio de políticas nacionalistas y desarrollistas de crecimiento hacia adentro con la incipiente creación de un mercado de consumo interno e inicio de los procesos de industrialización tardía, mediante la sustitución de importaciones, sobre todo de bienes de consumo; en particular, en México quedó trunca y nunca se culminó una segunda fase de sustitución avanzada de importaciones de bienes de capital.
• Descampenización (migración campesina del campo a las ciudades) y urbanización crecientes, lo que subsidió con mano de obra barata el desarrollo urbano industrial.
• Políticas de la <revolución verde> en la agricultura mediante el uso de insumos agroquímicos (vendidos por empresas transnacionales como Monsanto), para promover las agro exportaciones.
• Salarios y prestaciones sociales para los trabajadores del campo y la ciudad, contenidos o congelados.
• Los países dependientes con mejor suerte (México entre ellos) crearon instituciones de Estado de Bienestar, como la seguridad social, e impulsaron y consolidaron reformas agrarias; esto desde luego no en la mayoría de los países, ya que en varias naciones de América Latina y el Caribe prevalecían las dictaduras títeres de las empresas transnacionales como la United Fruit, de ahí el epíteto de <dictaduras bananeras>.
• Finalmente, una cuestión central promovida desde el FMI y el Banco Mundial: la creación de un régimen global de deuda que hizo menos soberanas y más dependientes de los centros de poder mundial a las naciones <subdesarrolladas>.

Es historia muy conocida la crisis de países deudores que padecieron, sobre todo en la década de los ochenta, las naciones latinoamericanas. Se considera a los años ochenta, como la década perdida para muchos países de América Latina debido a la gran carga de su deuda externa.

Para la economía mundial y las políticas de desarrollo en casi todos los países de América Latina, la década de los setentas fue la década de la inflación y la crisis fiscal del Estado desarrollista; la de los ochentas registró la reducción y ajuste del Estado, la precarización laboral y la reconversión industrial y, la de los noventas, expandió el modelo neoliberal a escala global. Veamos por qué:

En 1973, año en que inició la carrera alcista de los precios del petróleo a nivel global provocada por la OPEP, después del golpe de Estado al gobierno democrático de Salvador Allende, bajo la dictadura de Augusto Pinochet comienza la implantación del experimento neoliberal en Chile.

En los años ochenta la crisis fiscal del Estado y del modelo desarrollista en América Latina, la crítica a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos ineficientes y <pre-modernos>, a sus élites político-burocráticas corruptas, así como la pérdida de bienestar por el proceso inflacionario incontenible en esa época, provocaron frustración en amplios sectores de población, tuvieron eco en la opinión pública y crearon el caldo de cultivo para facilitar las condiciones de la implantación del modelo neoliberal. A nivel mundial, la Perestroika y el Glasnost del presidente Gorbachov en la entonces Unión Soviética, junto con la unificación de Alemania, la caída del muro de Berlín, la liberalización política de los países de Europa del Este y el inicio de la transición de esos países a la economía de mercado, contribuyeron en forma definitiva a la distensión de la guerra fría y el impulso al globalismo neoliberal y el predominio de las economías de mercado a escala global.

Siguiendo la corriente de la escuela de Chicago desde los inicios de los noventas se generalizó en muchos países el Consenso de Washington, formulado por el economista inglés John Williamson hacia fines de la década de los ochenta, donde se sintetizan las recetas para el ajuste macroeconómico del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se aplicaron en países latinoamericanos durante la crisis de deuda externa y balanza de pagos. Se trataba de imponer o consolidar <cambios estructurales> en América Latina, es decir, principalmente, cambiar la estructura de propiedad de los bienes públicos a bienes privados. A grandes rasgos son diez los lineamientos de política económica propuestos e impuestos por el <Consenso de Washington> (1990):

1) Disciplina fiscal con reducción del tamaño del sector público; 2) El control de la inflación como prioridad; 3) Aumento de los ingresos fiscales, preferiblemente mediante incremento de los impuestos al consumo como el IVA, y la reducción del gasto público en materia de subsidios y ayudas sociales; 4) Incentivos para el sector financiero, por medio de tasas de interés positivas para el acreedor y pasivas para el deudor (mayores que el índice inflacionario), para premiar al capital, incentivar el ahorro e impedir la fuga de capitales; 5) El tipo de cambio, sujeto a las fuerzas del mercado; debería ser lo suficientemente competitivo para promover el crecimiento de las exportaciones, así como mantener un eventual déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos; 6) Liberalización de las importaciones; 7) Apertura de más sectores de la economía a la inversión extranjera directa; 8) Privatización de empresas de propiedad estatal; 9) Desregulación para eliminar trabas a la inversión privada nacional y extranjera; 10) Protección a la propiedad privada, por medio de un sistema jurídico que impida actos de expropiación o de reforma agraria por parte del Estado.

Al implementar estas políticas en América Latina, el crecimiento en la primera mitad de los años noventa tuvo más que ver con la resolución de los problemas de deuda de décadas anteriores, que con las reformas recomendadas por el FMI y el BM; dicho crecimiento fue solo ligeramente mayor de la mitad del de las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta. En la segunda mitad de los noventa, sobre todo desde 1997, hubo estancamiento, recesión y crisis. Las reformas incrementaron la vulnerabilidad de los países latinoamericanos ante la inestabilidad de la economía mundial y dejaron a las economías en desarrollo expuestas a mayores fluctuaciones del capital, esto es: el capital externo fluyó hacia estos países solo mientras hubo condiciones para maximizar ganancias comerciales y financieras, y se diluyó cuando la situación interna tendió a empeorar.

Las políticas y programas de ajuste neoliberal en el ámbito de las finanzas públicas tuvieron importantes costos sociales, al desmantelar las pocas instituciones de Estado de bienestar y las empresas públicas de América Latina, al tiempo que profundizaron la brecha de la desigualdad y la inequidad en la distribución del ingreso en países de la región. 

En el caso de México, en el periodo 1946-2018 el desarrollo pasó por las siguientes orientaciones sexenales de política económica:

• Desarrollismo (1946-1952).
• Desarrollo estabilizador; con continuidad del desarrollismo, crecimiento con estabilidad de precios y del tipo de cambio (1954-1970).
• Agotamiento del desarrollismo con endeudamiento externo, énfasis en el estatismo y ampliación de la esfera de acción del sector público; inflación de dos dígitos y abandono de la disciplina presupuestaria; crisis financiera y devaluación (1970-1976).
• Estatismo y sobreendeudamiento externo, crecimiento con inflación de tres dígitos, petrolización de las exportaciones y las finanzas públicas; crisis económica, megadevaluación y estatización de la banca privada (1976-1982).
• Primer ajuste neoliberal con políticas de desinflación y contención salarial; políticas de reordenación económica y cambio estructural; primera etapa de la privatización y extinción de empresas públicas; despetrolización de las exportaciones e ingreso al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), hoy Organización Mundial del Comercio (OMC); megadevaluación e inflación desbordada de tres dígitos; crisis financiera; Pacto de Solidaridad Económica para contener la inflación galopante (1983-1988).
• Inserción en la globalización; renegociación de la deuda externa con base en las políticas de ajuste estructural recomendadas por el FMI; internacionalización económica, apertura comercial y a la inversión extranjera; construcción de tratados y acuerdos comerciales internacionales, en especial el TLCAN;  privatización de la banca nacionalizada y de empresas públicas (como el monopolio natural telefónico TELMEX); autonomía del Banco de México; desregulación financiera y apertura a la inversión extranjera en distintos sectores de la economía antes vedados a la IED; profunda crisis financiera de fin de sexenio, debido a la crisis política y el desequilibrio del sector externo por el déficit en cuenta corriente y la salida de capitales (1989-1994).
• Acuerdo Nacional para Superar la Emergencia Económica; ampliación, consolidación y aprovechamiento de la red de tratados y acuerdos comerciales internacionales, y nuevos acuerdos, entre estos el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUE); blindaje del sistema bancario financiero, mediante regímenes de reservas bancarias e internacionales; extinción del sistema CONASUPO; privatización y venta de los ferrocarriles nacionales; impulso al FOBAPROA; implementación de los contratos de servicios múltiples y PIDIREGAS en PEMEX y CFE (1994-2000).
• Primera etapa de la degradación de PEMEX y CFE, y dilapidación de la renta petrolera; transición democrática fallida; corrupción estructural y sistémica (2000-2006).
• Continuidad de la corrupción rampante y estructural; aumento del derroche de la renta petrolera; deterioro intencionado y progresivo de PEMEX y del sector eléctrico con miras a su privatización y entrega a la inversión privada nacional y extranjera mediante las reformas estructurales (2006-2012).
• Segunda generación de reformas estructurales, principalmente la energética, laboral y educativa (que resultaron fallidas), corrupción pública y privada estructural, epidémica y desbordada (2012-2018).

Epílogo:

Durante más de tres décadas, el Estado mexicano fue capturado por una oligarquía rapaz que provocó el aumento y generalización de la corrupción estructural y los conflictos de interés, así como la profundización de los procesos de privatización, desmantelamiento del sector público, precarización laboral y exclusión social. Se normalizó la impunidad de los actos de corrupción detectados en las alianzas público privadas, al tiempo que se capturaron y simularon los mecanismos de fiscalización, control y rendición de cuentas, aceptando y tolerando prácticas de cabildeo e injerencia de intereses particulares en el diseño e implementación de la política económica para socializar las pérdidas y maximizar los beneficios privados. 

Héctor O. Carriedo Sáenz