En medio de un intenso debate legislativo, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley del Infonavit, una medida promovida por Morena y sus aliados que permitirá al instituto construir y arrendar viviendas de bajo costo. Con 346 votos a favor y 90 en contra, la propuesta avanzó con el respaldo de Movimiento Ciudadano, mientras que el PAN y el PRI manifestaron su rechazo absoluto, argumentando que representa un riesgo para los ahorros de los trabajadores.
La reforma tiene como objetivo que el Infonavit construya 500 mil viviendas económicas, como parte del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de entregar 1 millón de hogares accesibles. Para ello, se plantea la creación de una empresa filial encargada de adquirir terrenos, gestionar compras de materiales y acelerar trámites, con la promesa de ofrecer viviendas bien ubicadas y a precios accesibles. Además, se busca evitar que las deudas por créditos hipotecarios se vuelvan impagables y facilitar el acceso a rentas asequibles para jóvenes, mediante un esquema que limite el pago mensual a no más del 30% de sus ingresos, con la opción de adquirir la vivienda en el futuro.
El debate se tornó polémico cuando la oposición, encabezada por el PAN y el PRI, denunció que la reforma utilizará los ahorros de los trabajadores para financiar las construcciones, sin ofrecer garantías de que los recursos serán manejados con transparencia. Elías Lixa, coordinador de la bancada panista, calificó la reforma como un «atraco» y aseguró que el gobierno de Morena busca apropiarse de los ahorros acumulados en las subcuentas de vivienda sin proporcionar certeza jurídica a los trabajadores. El PRI también criticó la medida, señalando que el gobierno está en busca desesperada de recursos y que, en lugar de destinar presupuesto público para vivienda, está recurriendo al dinero de los derechohabientes.
A pesar de las críticas, Movimiento Ciudadano se sumó a Morena y sus aliados en la votación a favor, bajo el argumento de que la vivienda es un derecho y no un privilegio. No obstante, sus legisladores advirtieron sobre los retos que enfrentará el Infonavit, especialmente en la tarea de garantizar que las viviendas sean realmente accesibles y estén bien ubicadas. Patricia Mercado, diputada de MC, subrayó la necesidad de que las autoridades locales se involucren en la adquisición de terrenos, ya que sin su apoyo sería imposible construir viviendas económicas en zonas estratégicas. También insistió en que las nuevas construcciones deben ubicarse en áreas con servicios básicos, transporte público y cercanía a centros de trabajo, hospitales y escuelas, para evitar que queden abandonadas como ocurrió en desarrollos anteriores.
El debate en la Cámara de Diputados aún no ha terminado, pues todavía se deben discutir 202 propuestas de modificación. Entre los puntos más controversiales están la necesidad de establecer garantías sobre el uso de los ahorros de los trabajadores, definir mecanismos para evitar la corrupción en la filial del Infonavit y asegurar la supervisión de la Auditoría Superior de la Federación en el manejo de los recursos.
Mientras la reforma avanza, la pregunta sigue abierta: ¿representa una solución real a la crisis de vivienda en México o es un riesgo financiero para los trabajadores? La discusión continuará en el Congreso y la ciudadanía permanece atenta a lo que podría ser uno de los cambios más importantes en materia de vivienda en los últimos años.
