Filiberto Cruz MonroyLa reforma constitucional de la Guardia Nacional (GN), propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está generando un intenso debate en México. Esta iniciativa no solo busca que la Guardia, originalmente creada como un cuerpo civil y policial, esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sino que también pretende otorgar fuero militar a sus integrantes y transferir el predominio en la investigación de delitos al Ejército. La propuesta, que ha sido dictaminada en Comisiones, se discutirá y probablemente se aprobará este jueves en la Cámara de Diputados, respaldada por la mayoría de Morena, el PVEM y el PT.
El cambio más significativo implica reformar el artículo 13 de la Constitución para que los órganos de justicia militar puedan conocer de los casos que involucren a elementos de la Guardia Nacional. Además, la modificación del artículo 21 establece que la Guardia Nacional tendrá responsabilidad en la investigación de delitos, pero solo dentro de su ámbito de competencia. Este enfoque ha sido interpretado por muchos como un paso hacia la militarización de la seguridad pública en el país.
La propuesta ha sido objeto de críticas contundentes por parte de especialistas y defensores de derechos humanos. Aseguran que esta reforma no solo militariza a un cuerpo que fue creado en 2019 con un enfoque civil, sino que también afectará negativamente la justicia militar y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Jonathan De Vicente, director de Incidencia Política de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), enfatizó que esta reforma consolidará una militarización permanente de la seguridad pública a nivel federal, señalando que la adscripción a la Sedena es solo uno de los efectos preocupantes de la propuesta.
A pesar de estas advertencias, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha minimizado las preocupaciones, afirmando que el debate sobre la militarización de la Guardia Nacional ya se ha superado. Ignorando las opiniones de expertos y las organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la reforma, Monreal ha anunciado su intención de llevar la propuesta a votación este 19 de septiembre en San Lázaro, con la posibilidad de que sea discutida en el Senado la semana siguiente.
Desde el 25 de julio de 2024, la organización MUCD ha alertado sobre las implicaciones de aprobar esta reforma, señalando que otorgaría fuero militar a todos los elementos de la Guardia Nacional, incluso en casos de delitos y violaciones a derechos humanos. Esta situación podría abrir la puerta a una falta de rendición de cuentas y una mayor impunidad para aquellos que cometan abusos en el ejercicio de sus funciones.
El clima político en el que se está discutiendo esta reforma es tenso y polarizado. Muchos ciudadanos y organizaciones han expresado su temor de que la militarización de la seguridad pública afecte la protección de los derechos humanos y la confianza de la población en las instituciones. La creciente preocupación por la violencia y la inseguridad ha llevado a algunos a considerar que una mayor presencia militar podría ser la solución, pero otros advierten que esto podría profundizar aún más la crisis de derechos en el país.
Así, la discusión sobre la reforma de la Guardia Nacional refleja una encrucijada en la que se enfrentan las prioridades de seguridad y el respeto por los derechos humanos. A medida que se acerca la votación, la tensión entre diferentes sectores de la sociedad mexicana se intensifica, dejando en el aire interrogantes sobre el futuro de la seguridad en el país y la protección de las libertades civiles. La decisión que se tome en las próximas horas será crucial para definir el rumbo de la Guardia Nacional y, por ende, del país en su conjunto.