Héctor O. CarriedoEl modelo neoliberal seguido por el país en el lapso 1983-2018, basado en las prescripciones del Consenso de Washington, es un recetario agotado que ya no tiene cabida en el actual momento histórico. Sus recetas excluyentes, tecnocráticas, lineales, fragmentarias y privatizadoras son regresivas, han sido superadas por la historia y carecen de legitimidad social.
Los actores políticos e intelectuales del viejo régimen siguen encarnando los añejos intereses oligárquicos de los grupos de interés desplazados por la 4T. Este bloque opositor a la 4T, carece de programa y de honestidad intelectual para reconocer los yerros históricos y los fallos del modelo que siguen defendiendo y al que quieren regresar, por mencionar solo algunos: la congelación del salario mínimo durante décadas, la precarización laboral, el outsourcing, el clientelismo electorero de una política social que fue focalizada, discrecional e ineficaz, las privatizaciones depredadoras y el remate y desmantelamiento de empresas públicas, las concesiones discrecionales anticompetitivas a particulares y oligopolios privados, y el saqueo sistemático –durante décadas– de los excedentes de la renta petrolera y el presupuesto público por medio de cuestionables alianzas público-privadas y las partidas secretas.
Al mismo tiempo, las reformas neo institucionalistas, centrífugas, descentralizadoras y privatizadoras del periodo de la transición estancada y la alternancia fallida (2000-2018), el acotamiento del presidencialismo y su modificación hacia un régimen de “autonomías” y “contrapesos” autárquicos, derivaron en una poliarquía que propició la fragmentación y descomposición del poder y el aumento de la corrupción estructural y sistémica, tanto en los tres poderes públicos federales, como en los gobiernos estatales y municipales y los aparatos de seguridad y procuración e impartición de justicia de la nación en su conjunto. Como efecto de esta descomposición y fragmentación del poder, los caciques tradicionales en los estados y municipios se vieron rebasados por el empoderamiento y avance de los carteles y fueron sustituidos por los “jefes de plaza”.
En efecto, los diseños (neo) institucionales –como los organismos reguladores y las fiscalías “autónomas”– surgidos de las reformas político-electorales de los años noventa y en los albores del siglo veintiuno, el “nuevo federalismo” y la descentralización (divisibilidad) del poder, entre otros inconvenientes, debilitaron y vulneraron al Estado federal mexicano frente al crecimiento de las organizaciones criminales ligadas a las redes del narcotráfico internacional, lavado de dinero y contrabando de armas, generando ganancias obscenas y flujos interminables de narco-dólares tanto para las mafias y el sistema financiero internacional, como para las redes de sobornos cuantiosos hacia los cuerpos de seguridad, autoridades políticas y aparatos de justicia. De esta manera, el trinomio perverso: inseguridad, corrupción e impunidad se enseñoreó y arraigó, sobre todo, en estados y municipios.
Lo paradójico es que los propios académicos y tecno-burócratas “transicionistas”, “derechohumanistas” y “neoinstitucionalistas” que hoy forman parte del bloque opositor y se duelen por los procesos de reforma realizados por la 4T, connotan este fenómeno como “debilidad institucional”, la cual ellos mismos propiciaron con sus diseños teóricos y experimentos “organizacionales” fallidos.
Frente a ello, la 4T, iniciada por Andrés Manuel López Obrador y continuada por Claudia Sheinbaum se consolida como un proyecto de transformación y fortalecimiento del Estado mexicano orientado a la justicia social, el combate a la corrupción estructural y sistémica y la defensa de la soberanía nacional, en pos de la autodeterminación financiera, fiscal y energética, la autosuficiencia y seguridad alimentaria, el desarrollo científico y tecnológico y el bienestar sustentado en derechos universales de los habitantes de la nación en su conjunto.
A siete años de su inicio, la 4T ha logrado avances significativos en lo social y económico, aunque no exenta de críticas de actores políticos y mediáticos reaccionarios, quienes señalan la persistencia de problemas de seguridad, se duelen de las audaces reformas constitucionales e institucionales implementadas y cuestionan un crecimiento económico moderado.
En términos cualitativos, los logros económicos de la 4T se enfocan en un cambio de orientación del Estado: se revalorizó el papel del sector público como actor económico y social, se priorizó el fortalecimiento del mercado interno mediante aumentos sostenidos al salario mínimo y transferencias directas a los hogares, se redujo la pobreza laboral y se amplió la inclusión social sin recurrir a endeudamiento excesivo y sin crisis fiscales.
La estabilidad macroeconómica se mantuvo —finanzas públicas ordenadas, autonomía del Banxico y confianza internacional— mientras se impulsó una política de construcción, reconstrucción y fortalecimiento de la infraestructura física, social y energética, disminuyendo la desigualdad, recuperando capacidades productivas estratégicas y colocando el bienestar como objetivo explícito de la política económica, rompiendo con el supuesto del crecimiento subordinado casi exclusivamente al mercado y a la apertura externa.
Todo ello a pesar de que en el lapso 2018-2025 la economía mexicana enfrentó cuatro choques externos de gran magnitud:
2018-2019: Incertidumbre y volatilidad por la renegociación del TLCAN –que acordado con la primera administración de Trump se transformó en T-MEC– lo cual en principio redujo los flujos de inversión privada.
2020: La pandemia de COVID-19, que colapsó la economía, el comercio mundial y el turismo, interrumpió las cadenas productivas mundiales de suministro y redujo los precios del petróleo.
2021-2022: Choque inflacionario global, por el alza extraordinaria de precios de la energía, alimentos y materias primas por las distorsiones post-pandemia y la guerra en Ucrania en el 2022, lo cual obligó a Banxico a subir las tasas considerablemente.
2024-2025: Incertidumbre comercial y para la inversión, como consecuencia de las amenazas de Trump de imponer aranceles selectivos a México.
Estos eventos adversos provocaron la desaceleración del crecimiento, menor inversión en sectores productivos y presiones inflacionarias. No obstante ello, el informe del Banco Mundial sobre pobreza y equidad en América Latina y el Caribe (octubre, 2025), resalta un aumento significativo de la clase media en México entre 2018 y 2024, la cual pasó del 27.2% de la población en 2018 al 39.6% en 2024. Por primera vez en la historia de México, la proporción de población en clase media supera a la que vive en pobreza, con una diferencia superior a los 12 puntos porcentuales.
Los primeros 14 meses de la gestión de Claudia Sheinbaum, dan cuenta de una amplia legitimidad política y un enfoque de continuidad de la 4T, dentro de un entorno complejo, en el cual las amenazas más relevantes se concentran en las tensiones internacionales, la sostenibilidad fiscal, la gobernabilidad política y la seguridad.
La estrategia de seguridad implementada desde octubre de 2024 ha permitido avances cualitativos en la construcción de la paz, con énfasis en la proximidad social, la prevención del delito y el combate frontal al crimen organizado, lo que genera una percepción de mayor control territorial y recuperación de espacios públicos en diversas regiones.
En 2026, la revisión del T-MEC constituye un tema complicado por las tensiones bilaterales en materia de migración, crimen organizado y seguridad fronteriza, con indudable impacto político y comercial.
En el ámbito geopolítico se ha dado una ruptura del orden multilateral y un nuevo caos internacional –no un nuevo orden, como comúnmente se describe– provocado por la administración imperialista, plutocrática, neofascista y racista de Donald Trump. Ha resurgido el imperialismo desnudo, voraz y rapaz, expoliador y extractivista ante la inoperancia e inutilidad del multilateralismo, la ONU, la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional en su conjunto.
En el entorno internacional, México constituye un socio comercial interdependiente e insustituible de los Estados Unidos en términos de producción de manufacturas y bienes de consumo, logística, inversión, contención de la migración y equilibrio frente a potenciales conflictos en el continente. Sin embargo, la propaganda de la ultraderecha transnacional ha demonizado a los gobiernos latinoamericanos etiquetados como de “izquierda”, por no estar alineados a la órbita imperial.
En su afán de deslegitimar y desprestigiar a la 4T para buscar el apoyo y la intervención del imperialismo neofascista, actores políticos y mediáticos reaccionarios parten del falso y hasta ridículo supuesto propagandístico de que el proyecto humanista de la 4T es “comunista, anticapitalista y anti empresarial”.
Ahora, alineados a la ultraderecha neofascista e imperialista, han cabildeado y conspirado en busca de una intervención militar de EE.UU. en México, con el pretexto de atacar células de los carteles del crimen organizado.
La apuesta actual del bloque opositor reaccionario, con tal de pavimentar su camino de regreso al poder político, es provocar una crisis diplomática con efectos múltiples: ruptura del acuerdo de cooperación bilateral, suspensión del T-MEC, depreciación del peso, caída bursátil, pausa de los flujos de inversión extranjera directa, interrupción de cadenas productivas de exportación, aumento del desempleo, escalada inflacionaria y disminución de la demanda y el consumo. En suma, el anhelo de la oposición consiste en llegar al 2027 con un Estado mexicano debilitado, con organizaciones criminales más violentas y una economía más frágil.
El relato transformador del segundo piso de la 4T convence más dentro del país a la población mayoritaria, que a las élites de interés. En este momento histórico, la batalla cultural de la 4T se gana cuando las fuerzas políticas reaccionarias ya no pueden prometer nada distinto a su pasado de gobiernos nefastos, ni garantizan un futuro mejor.
Héctor O. Carriedo Sáenz
2 de febrero de 2026